Las disfunciones de la contratación pública en el crecimiento económico

 

En la entrada de ayer comentaba el estudio que se puede descargar desde esta entrada del blog Public Tendering, donde se relacionan las 10 acciones para hacer que la contratación pública sea un motor de crecimiento económico, centrándome en las acciones, pero hoy quiero no dejar pasar lo que en el estudio se denominan disfunciones de la contratación pública en su situación actual, para el crecimiento económico . Estas disfunciones se refieren a Francia, pero creo que se puede establecer ciertas analogías con lo que sucede en España.

Las disfunciones que el informe relata

1.- Las pymes son injustamente tratadas.

En el estudio se hace hincapié nuevamente sobre un dato que aparece en los informes del “Small Business Act” de la Comisión Europea. Mientras que las PYMES contribuyen al presupuesto general con un 58 % solo participan en el 32 % del presupuesto de la contratación. Esto significa que todos los años hay un trasvase de recursos desde las pymes hacia las grandes empresas.  Pero hay que recordar que son las pymes las que crean empleo.

2.- Auténticas barreras de entrada que impiden la actividad económica del país.

Es muy difícil conocer la oferta pública de contratación total (incluidos los contratos menores).  Además los procedimientos actuales que son complejos y costosos, favorecen un aumento de los costes administrativos sin aportar un valor real al proceso. Más bien todo lo contrario porque desincentivan la concurrencia y eso genera siempre mayores precios.

Recuerdo que en el acto de la presentación de un informe sobre los ahorros que se podían llevar a cabo con la contratación pública electrónica, un empresario comento que presentarse a un concurso abierto de obras le suponía un coste aproximado de 1.200 euros. Hagan cuentas.

3.- Los criterios de adjudicación donde la justicia y la sinceridad dejan a menudo mucho que desear.

Los criterios de adjudicación y el déficit de profesionalismo en los compradores públicos que no conocen suficientemente el tejido productivo y a las empresas, junto con un reglamento que permite a los representantes del poder adjudicador justificar la racionalidad económica de sus decisiones a veces discutibles y la presión que pueden ejercer los elegidos y sus redes de influencia, hacen que las adjudicaciones sean a menudo muy criticables.

Por otra parte los recursos en contratación son costosos y engorrosos y no se puede olvidar que son administrativos y por tanto muchas veces se sacrifican los aspectos económicos en favor de la puridad administrativa

4) Una manera irrespetuosa de tratar los problemas, en forma de abandono.

El contribuyente sea persona física o jurídica es difícil que entienda la forma de tratar los fondos públicos desde el punto de vista del gasto respecto del celo que se aplica cuando se trata de recaudar ingresos.  Un control estricto de la eficiencia del gasto es una exigencia a la que los poderes públicos deberían someterse.

5) Una falta de profesionalismo y de gobernanza entre los agentes que intervienen en la contratación pública.

Se han tomado muchas medidas en los últimos cinco años para mejorar la profesionalización, pero a veces se hace demasiado énfasis en la centralización (beneficia a las grandes empresas)  o en la disminución de los costes fijos (como la industria del automóvil) sin tener en cuenta que las compras públicas no tienen nada que ver con la industria del automóvil. Las administraciones no gestionan la producción de coches, gestionan la vida de los  ciudadanos.

Mi reflexión.

Primero hay que decir que el estudio versa sobre Francia, y que si bien se pueden establecer analogías, tampoco se pueden equiparar todas las disfunciones literalmente. Creo.

Y después, y en mi opinión más importante, es el hecho de que la contratación sigue siendo regida en exclusividad por el derecho administrativo y no por la eficiencia económica. Es ese matiz que a veces nos cuesta tanto entender entre contratación y compras públicas. Si se quiere introducir la eficiencia económica hay que generar las normas y cultura que procuren el valor de las compras. Aunque persista también el valor de la contratación.

Por último el problema de estas disfunciones no es que sean generalizadas. Es que no tienen ningún tipo de consecuencia. Son disfunciones que no importan  a nadie que sucedan. Que tiene la misma repercusión hacer la contratación pública bien o hacerla mal, desde el punto de vista del valor económico.  Y ese es el auténtico problema.

Y que tiene que ver en esto el formato electrónico.

En mi opinión, todas las disfunciones que se comentan en el estudio y que no ayudan en el crecimiento económico, son subsanables con las personas que mueven la contratación pública (las compras públicas). Si estas personas adquieren las habilidades digitales para incrementar su productividad y la trasparencia, eficiencia, e igualdad de trato que ofrece el formato electrónico, y además se incentiva las estadísticas avanzadas, el análisis de las compras, que el propio formato electrónico capacita, la solución a todas estas disfunciones se ve más clara.

Y como siempre, aparte de que todos los sectores de la economía se digitalizan, y el de la contratación pública no puede ser menos, no veo como se pueden conseguir todos los resultados (económicos, de inclusión social, de innovación, de medioambiente, de redistribución de la riqueza) que se le piden a la contratación publica, si no se consigue tener información detallada y en el momento adecuado, de cuales son las consecuencias que se obtienen al aplicar una determinada política en la contratación pública.  Y esta información solo es útil para estos propósitos cuando es digital, disponible, asequible y fiable.

 

 

 

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Especialista en Tecnologías de la Información aplicadas a medios de pago, comercio electrónico y contratación pública
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