Cuando inicie los proyectos de contratación pública electrónica en el Ministerio de Administraciones Públicas, allá por el 1998, la propuesta inicial fue generar un prototipo para resolver los contratos menores, junto con un estudio de viabilidad alrededor de la contratación pública electrónica.
Era una forma sencilla y lógica de empezar algo, cuya complejidad ya intuíamos, pero que aún no éramos capaces de delimitar con claridad. Desde entonces he tratado de convencer, con más voluntad que acierto, a todas las administraciones públicas en las que he tenido la ocasión de participar en los proyectos de transición a la contratación pública, de que independientemente de que el proyecto pueda tener un alcance de todos los procedimientos, con todas las integraciones y con todas las funciones en formato electrónico (archivo, relación, tramitación, explotación), que empezaran por los contratos menores.
Los argumentos que he empleado para tratar de convencerles, han girado a estos dos puntos:
– Generar masa crítica de personas utilizando el formato electrónico en un entorno de innovación controlada, pero convertida rápidamente en social.
– Realizar la trasformación con un alto nivel de participación, muchos agentes, permitiendo sobrepasar las estructuras jerárquicas propias de la contratación pública y obtener resultados de forma trasparente y participativa.
En un entorno tan complejo como la contratación pública y ante una trasformación tan grande como la transición al formato electrónico (ley 11/2007 y el Texto refundido de la ley de contratos del sector público) creo que es la única opción. Exceptuando, claro está, cuando la obligatoriedad esté presente. Ese es otro escenario.
Fíjese el lector, en que no empleo argumentos tales como: que es un procedimiento más simple, que tiene menos exigencias en cuanto a formalismos y requisitos, que tecnológicamente es más asequible, que no necesita integraciones con otros elementos de la administración electrónica. No. Los argumentos están enfocados a tratar de que las personas adquieran competencias nuevas en el formato electrónico de forma participativa, rápida y segura, y por tanto la innovación sea social, y rápidamente asimilada a la cultura de la organización.
Este último punto, en mi opinión, es la clave de la transición a la contratación pública electrónica. Todo lo demás es esfuerzo en organización, tecnologías, y gestión. Con la inexcusable participación y empuje político. porque la trasformación es considerable. Pero todos estos problemas son asumibles a un coste asequible si las personas están capacitadas y entienden la necesidad de usar, y usan, el formato electrónico en la contratación pública.
Todos los caminos llevan a Roma(el formato electrónico en la contratación pública), pero no todos son iguales: los hay más anchos (caben todos), más bonitos(se andan mejor), y menos arduos (son más fáciles de transitar). Como he dicho antes, no he tenido mucho éxito a la hora de convencer a mis clientes con estos argumentos, lo que no significa que vaya a dejar de intentarlo, ni que esté en lo cierto. ¿Vosotros que opináis?
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