En una entrada reciente en el Observatorio de Contratación Pública Jose María Gimeno Feliu nos ofrece un decálogo para la lucha contra la corrupción que en de forma resumida podemos relacionar así:
1).- Reforzar la publicidad del servicio de contratación y demandar esta publicidad de forma universal a todos los organismos públicos.
2). Promover que todas las condiciones y modalidades del procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de licitación
3).- La eliminación de los negociados sin publicidad por la cuantía
4).- Aconsejar la uniformidad de reglas y la eliminación de las instrucciones previstas en el artículo 191 TRLCSP (SARA / NO-SARA)
5).- Restringir el uso de la modificación de contratos.
6).- La configuración de un sistema de control rápido y efectivo.
7).- La profesionalización es uno de los factores clave para evitar la corrupción.
8).- El sector empresarial debe dar un paso al frente.
9).- Promover la trasparencia para dar información a los ciudadanos de cómo se desarrolla la contratación pública.
10).- Desarrollar un órgano de gobernanza que sea capaz de enmendar todos los resultados negativos de la contratación pública nacional y redactar un código ético.
Y termina el decálogo con la cita de Albert Einstein. “no podemos pretender que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo”.
Mis reflexiones.
En mi opinión el decálogo aporta un conjunto de acciones que son un poco más de lo mismo: lo que hemos tenido hasta ahora, es decir, más regulaciones, más órganos.
Creo que es hora, después de 15 años, de tomarnos en serio la digitalización de la contratación pública: si todos los expedientes estuvieran en formato digital, (como nuestras declaraciones de la renta), sería muy difícil que la corrupción existiera en el grado y cuantía actual. Si además los datos estuvieran publicados en un formato informáticamente reutilizable y anonimizado (open data) y puestos a disposición de los ciudadanos y empresas, el control sería efectivo, automático y “gratis”, realizado por parte de los interesados receptores finales de los bienes y servicios de la contratación pública y los que lo pagan con sus impuestos: los ciudadanos y las empresas.
Todos sabemos dónde está la línea de la corrupción. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal.
Podemos seguir esperando a que todos sean buenos, en un entorno opaco y sin luz. Y entonces seguiremos teniendo el resultado actual: la mayoría son buenos pero nadie lo nota, y algunos son malos pero todos lo sufrimos en silencio. No tenemos datos, o cuesta años encontrarlos.
O podemos dar luz y transparencia real al servicio de contratación pública, y hacer no solo una palanca de productividad y competitividad del servicio de contratación pública, sino también una herramienta diferente para hacer política. Y en mi opinión mucho más útil porque las decisiones estarán basadas en datos, no en “otras cosas”.
Para muestra un botón: se está haciendo la transposición sin incluir especialistas en tecnología de la información en el comité de expertos. Va a ser difícil que se obtengan sinergias entre la tecnología y el derecho. No veo que el derecho administrativo quiera aliarse de forma clara con la tecnología de la información y mientras esto no pase, no habrá opciones reales de mejora en la contratación pública.
Hola Manuel, a mi también me suena el decálogo a un recordatorio de todo lo que ya se podía haber implementado en la contratación pública pero sigue sin hacerse.
Un ejemplo: Una entrada a la corrupción son los criterios de valoración subjetivos. Para controlar esa puerta se han puesto distintos guardias. Uno fue el comité de expertos; otro la necesidad de cristalizar de forma razonada y justificada la puntuación otorgada. En relación a esto último la Junta Consultiva ya lo dijo en el 2007; pues bien en Septiembre de este año (2014) lo ha dicho mucho más claro el tribunal supremo; o se justifica la valoración o el procedimiento es nulo.
Es decir, una medida que sabemos o deberíamos saber los gestores, pero que no la llevamos a la práctica o no la llevamos bien o no la llevamos bien todas las veces.
Puede que algún cambio normativo sea necesario; pero a mi juicio es la profesionalización de los gestores en el ámbito técnico y tecnológico y la apuesta definitiva por un formato el electrónico, que entre otras muchas ventajas, va a permitir trazar todo el expediente y saber quién y qué se ha hecho.
Gracias Guillermo,
Estoy de acuerdo contigo, pero no veo tensión ni ánimo para llevar el formato electrónico a la contratación pública. Y ese, desde mi punto de vista es el factor que más puede ayudar a la transparencia, y por tanto a evitar la corrupción. Es verdad que este cambio es complicado pero hay otros estados que ya lo han hecho, y no considero que tenga una dificultad que no podamos asumir. Por tanto, tengo que considerar que no se hace la transición por otras razones. Y eso es lo que me gustaría que me explicarán los que dicen que quieren transparencia. ¿por que no se hace la transición al formato electrónico de toda la contratación pública?.
Parece que este documento de la Autoridad de la Competencia (CNMC) también va en la línea de utilizar todo el potencial de Open data y Big data:
http://www.cnmc.es/Portals/0/Notas%20de%20prensa/201502_Informe_ContratacionPublica.pdf
A ver cómo se desarrolla el tema….
Hola Gustavus,
Creo que el Open Data y el Big Data son elementos que pueden ofrecer un gran valor a la contratación (sobre todo a la macro contratación). Sin embargo, en mi opinión, esto tendrá que venir después de la transición de la contratación pública al formato electrónico de extremo a extremo, donde la micro contratación y la profesionalización de los agentes que gestionan este servicio tienen un papel fundamental y previo que desempeñar.
Un saludo, Manuel