La transición a la contratación pública electrónica está viviendo el momento de calma que precede a la tormenta. Todos los sectores de la economía se están digitalizando a un ritmo rápido. Las leyes y las sociedades han asumido que tienen que “ocuparse” de conseguir resultados de los presupuestos públicos. Y además, el contexto que nos rodea, nos empuja individualmente a adquirir habilidades digitales, que por proximidad tendemos a utilizar en nuestro entorno laboral: los gestores de la contratación pública también.
A partir de ahora y en un plazo de entre 2 y 3 años (suelo tender a elevar de forma optimista las expectativas), las administraciones públicas se plantearan, de forma seria y planificada la transición a la contratación pública electrónica.
Los avances serán dispares. Habrá administraciones que hagan una transición perfecta y otras trataran de hacerlo como puedan en función de sus limitaciones de presupuesto, plazo y madurez organizativa y tecnológica.
Pero sin duda lo que tendrán que hacer todas las administraciones es “dibujar” o “plantear” el problema de la contratación pública de forma general, en el contexto al que nos estamos dirigiendo.
Y esta entrada quiere ayudar a los que estén pensando en hacer la transición a generar una visión global para que luego se puedan construir los proyectos locales, cuyo resultado final encaje de forma natural en el escenario general final.
Para esto lo primero que hay que definir es el problema de la transición a la contratación pública electrónica. Y el problema tiene dos grandes apartados.
- El primer apartado es la generación de un mercado único panueropeo de contratación pública electrónica interoperable y asequible, donde proveedores y compradores (todas las administraciones y todos los proveedores) puedan conocer la oferta de compra pública y presentar ofertas a cualquiera de estas ofertas en formato electrónico, siempre que cumplan los criterios de selección que la ley y los compradores exigen.
- El segundo apartado es hacer que todas las actuaciones previas y posteriores tengan el formato electrónico y puedan ser objeto de los requerimientos legales y organizativos que las propias sociedades requieren a sus administraciones, en el caso de la contratación pública: concurrencia, transparencia, igualdad de trato, …
Estos dos apartados del problema nos deben dar una arquitectura de sistemas de información que admita y permita el encaje de las soluciones sobre el problema planteado.
Dado que existen más de 300 plataformas de contratación y licitación pública, hay que tener en cuenta que la arquitectura deberá pensar en cómo armonizar todas estas iniciativas en una arquitectura general de sistemas de información. El proyecto PEPPOL y su derivado Open Peppol nos pueden dar una visión de cómo solucionar este problema.
Ya hay respuestas para todas estas preguntas. Pero antes de iniciar los trabajos de la transición a la contratación pública electrónica conviene hacerse las preguntas adecuadas y buscar las respuestas que ya se están dando como las adecuadas. No podemos actuar con ignorancia cuando ya hay tanta información y experiencias disponibles.
Como siempre, podéis utilizar los comentarios para dejar vuestras impresiones.