En numerosas ocasiones, dentro de los trabajos legislativos que se están llevando a cabo alrededor de la nueva directiva de la contratación pública se hace referencia a las ayudas o, en algunas ocasiones, al derribo de las barreras actuales, que impiden la participación igualitaria de las PYMES en la contratación pública.
La participación de las PYMES en la contratación
Quiero entender por participación igualitaria, aquella que permite recibir una cantidad de volumen del presupuesto en contratos para las PYMES en un porcentaje igual que el porcentaje en el que las PYMES contribuyen, a través de los impuestos, a la formación del presupuesto en cuestión.
Las estadísticas son insistentes. La Comisión Europea maneja aproximadamente los siguientes datos sobre esta situación:
– Las PYMES contribuyen en un 52 % a la formación del presupuesto del sector público en Europa.
– Las PYMES consiguen entre el 31 y el 38 % del volumen de este presupuesto en contratos del sector público. (en España este porcentaje se acerca más al 31 %).
La forma de interpretar estos datos puede variar, pero lo primero que a mí se me ocurre, es que todos los años se produce un trasvase de fondos vía impuestos y contratación desde las empresas pequeñas a las empresas grandes.
Si tenemos en cuenta que las empresas pequeñas son las que generar empleo de forma sostenible y generan innovación, es muy probable que esta situación no obedezca al interés general (el que deben defender las administraciones públicas y los gobiernos de la nación).
Algunos remedios
Es cierto que existe una Small Business Act para Europa, que indica a los órganos de contratación como deben tratar la contratación pública, para no perjudicar a las pequeñas y medianas empresas. Pero estas recomendaciones no alcanzan ni de lejos las ventajas que países como Estados Unidos dan a las pequeñas empresas con un trato preferente en la contratación pública.
Es cierto que las nuevas directivas de compras van a plantear modificaciones sustanciales para mejorar esta situación, tales como:
– Simplificación del procedimiento de contratación pública.
– No exigir la obligatoriedad de presentar documentos administrativos en la licitación, solo se le requerirá al adjudicatario. (Desgraciadamente no ha salido adelante el famoso “pasaporte” para la contratación pública).
– La división en lotes en los grandes contratos para que las pequeñas empresas puedan acceder a estos contratos.
¿Los males persistentes?
Pero no estoy seguro de que todas estas acciones consigan mitigar las aparentes dificultades que las pymes van a experimentar con las tendencias que se observan:
– La centralización mata a las pymes. Las excluye directamente de las licitaciones pública. Hay que distribuir la decisión y centralizar la información.
– La subastas electrónicas fomentan la colusión de las grandes en contra de las pequeñas.
– La consideración del precio como elemento fundamental de la adjudicación, empobrece la calidad y la atención especial.
– La valoración de ofertas basadas en fórmulas matemáticas complejas, no ofrece trasparencia real, solo aparente.
Una reflexión para tener en cuenta
El papel del formato electrónico puede ayudar a soslayar esta situación. Se trata de tener información directa, rápida y útil de la información que nos permite ajustar las políticas públicas. Políticas como las que tratan de favorecer, el empleo, la inclusión social, la innovación, el medio ambiente, las PYMES… y las que se vayan definiendo.
Al hilo de estos temas, hay un documento del catedrático de Derecho Administrativo D. Juan Alfonso Santamaría Pastor, cuya lectura recomiendo para reflexionar sobre el alcance y los resultados de la normativa sobre la interminable reforma de las leyes y reglamentos de la contratación pública en Europa: “La constante e interminable reforma dela normativa sobre contratación pública”.
Y aplicando el célebre refrán que dice: “Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa las tuyas a remojar”, me suscita una creciente preocupación sobre el hecho de que desde la organización y la tecnología tenemos que hacer un esfuerzo especial en lo que se refiere a la transición al formato electrónico de la contratación pública para no caer en los mismos errores que aparentemente se han cometido en el área legislativa : Que no sea peor el remedio (ofuscación electrónica) que la enfermedad (opacidad del papel).
Una posible opción para conseguir no caer en los mismos errores es realizar la coordinación real y práctica de las competencias legislativas, técnicas y organizativas, porque en un mundo digital y globalizado, la transición optima al formato electrónico de la contratación pública no haga recomendable que estas competencias puedan seguir separadas.