Los distintos actores que tienen algún papel que desempeñar en la transición a la contratación pública electrónica, tienen visiones diferentes de los problemas reales que supone este reto. Hay que tratar de entender la visión de “los otros”, para ser capaces de coordinar esfuerzos de todos estos actores que desde sus múltiples facetas y visiones van a ser muy necesarios para hacer esta transición de modo óptimo.
Después del curso- comunidad de Renher, sobre la transición a la contratación pública electrónica que se impartió en Madrid el pasado día 18 de febrero(se quiere repetir en Barcelona y Sevilla, los días 29 de abril y 6 de mayo respectivamente ), he estado dando vueltas a los problemas “reales y sesgados” que tienen las personas de las distintas organizaciones que intervienen en la transición. Además he generado un documento con la hoja de ruta genérica de la transición al formato electrónico como complemento público de los contenidos del curso mencionado (Aquí tenéis el enlace para descargar el documento en cuestión)
Estos problemas reales tienen su sesgo correspondiente en función de quién es el agente que tiene que enfrentarse al reto de solucionarlo. No tienen la misma visión un responsable de contratación o un promotor, en un organismo grande y en un organismo pequeño. La visión también cambia cuando hablamos de las instituciones que son responsables de la transición. O la visión que tienen las empresas proveedoras de sistemas de información para la contratación electrónica (mi sesgo).
Pero todas estas visiones y esfuerzos asociados se precisan en la transición.
El problema desde la perspectiva de la organización.
Por experiencias propias y por conversaciones, desde una perspectiva interna, el problema se ve como la adquisición de un programa informático que dé solución y respuesta al formato electrónico y les permita hacer un proceso integral con el resto de los componentes digitales o sistemas de información de la propia organización: contabilidad, registro, contratos, facturas … No hay mucha «conciencia» del problema general del «mercado único». El sesgo es resolver «mi servicio de contratación».
La preocupación fundamental es generar un pliego de prescripciones técnicas que permita adquirir el sistema adecuado. En general no se tiene la visión de que hay que adaptarse al sistema, es el sistema el que se tiene que adaptar a ellos.
Se suelen considerar que las integraciones y los automatismos debe de estar presentes desde el momento inicial Es decir, la mejora que la transición aporta, no es el formato electrónico (los datos, la transparencia), es el automatismo.
El problema desde la perspectiva de las instituciones.
Son conscientes de que mover de forma coordinada 15.000 órganos de contratación y ¿más de 75.000? personas relacionadas con la gestión de este servicio, y 3 millones de potenciales proveedores, es un problema de volumen y de arquitectura. (3 millones de órganos de contratación y 23 millones de proveedores en toda Europa)
Aquí el sesgo es el de la interoperabilidad y el hecho de la cantidad de aprendizaje que hay que poner a disposición de cuanta gente y cuáles son los contenidos que hay que difundir y aprender.
El problema desde la perspectiva del proveedor de sistemas de información.
En un mercado que se ha mantenido muy plano y sin demanda prácticamente durante los últimos 20 años (el primer libro verde sobre contratación pública electrónica es de 1996 y ya se decía entonces que la solución era el formato electrónico de extremo a extremo), ahora se intuye un cierto repunte. Más demanda. Sin embargo hay una tendencia a tirar los precios abajo, con lo que este repunte puede fomentar un mercado deprimido, con muy poca innovación.
Pero la contratación pública electrónica requiere innovación (aceptación social de inventos y mecanismos que materializan la interoperabilidad a través de los estándares) y sobre todo que permiten que los territorios compitan con todas las herramientas que les permite la ley. (esta es la clave)
El problema general con todas las visiones
En la reflexión final, creo que los productos no serán el mayor problema. Serán inicialmente algo costosos de adaptar e implantar pero se irán abaratando con el uso y el tiempo. Como en otros mercados. Y entiendo que los productos cubrirán la contratación electrónica de extremo a extremo. En mi opinión no tiene sentido tener un formato electrónico en la licitación y que la gestión de los trámites internos se realice en papel.
Lo que no se sabe es qué aspecto tendrán el escenario final (en cloud, on premises, usuario a sistema, sistema a sistema). La Comisión Europea apuesta por CEN BII y OpenPeppol pero no impone nada ¿?, ni recomienda nada ¿?. Cada estado miembro decidirá en función de no se sabe qué intereses cual es la arquitectura general que se quiere utilizar. En este punto es importante, desde mi punto de vista, considerar que la transición digital de las administraciones, es la transición digital de «todas» las administraciones y no solo la de un servicio central que, en mi opinión, no sería para nada una palanca de productividad en manos de las administraciones públicas.
Es posible que el sesgo de la confidencialidad que generan las plataformas de contratación y su gestión pública o privada sea un elemento que perturbe la expansión de este mercado. El preciado bien no son los datos de contratación, sino las relaciones y patrones que se puede observar en los procesos de contratación con datos estructurados y disponibles.
La transparencia tiene que ser utilizada de forma coherente, y la igualdad de trato tiene que seguir siendo uno de los principios del servicio de contratación. No será igualdad de trato si la visión de los datos con unas adecuadas lentes, produce en algunos actores de la contratación visiones mucho más profundas y rentables que la visión somera que pueden alcanzar los proveedores normales.
El nuevo escenario tras la transición.
La información disponible de todo lo que se compra: cómo, cuándo, a qué precio, quiénes y por qué son los adjudicatarios, puede suponer una valiosa información para los proveedores, además de para los propios encargados de diseñar y generar las estrategias relacionadas con el servicio de retorno de la contratación pública. Recordamos que los efectos colaterales que se persiguen son inclusión social, medio ambiente, innovación y apoyo a las pymes.
Pero si esta información es manejada y gestionada por un sector privado cuyo objetivo es maximizar el beneficio propio, habrá que poder poner esta información y sus relaciones y patrones de comportamiento a disposición de todo el público. Es la transparencia que se quiere alcanzar con el Open Government (transparencia, cooperación, participación).
Además, los nuevos gestores de la contratación pública, serán los que tengan que entender y manejar esta información y buscar los patrones de comportamiento tanto de los compradores como de los licitadores. Y esto requiere nuevas habilidades analíticas (big data) y de relaciones sociales (gestión de proveedores y redes sociales) en la contratación pública.
Soy consciente de que estoy exponiendo un escenario de futuro, con mucha incertidumbre y con un margen de error muy grande. Pero no identificar y solucionar escenarios de futuro producidos por cambios disruptivos (la contratación electrónica lo es) son los que normalmente hacen que se produzcan estos desagradables desajustes que solemos llamar “crisis”. Que además siempre son fuente de especulaciones y aumento de las desigualdades.