En Europa en general y en España en particular, los poderes públicos y en mi opinión, toda la sociedad (ciudadanos y empresas), empiezan a tener presente la necesidad de innovación en todas las áreas posibles (innovación tecnológica, innovación en la gestión, innovación en la cultura como conjunto de soluciones comúnmente utilizadas y socialmente aceptadas para enfrentarse a los problemas habituales). La innovación es una (¿única?) fuente de progreso constante.
La contratación pública electrónica, mejor dicho la implantación de la contratación pública electrónica puede ser un elemento habilitador para introducir la innovación de forma sostenida y dirigida.
Entre otras razones, podemos identificar las siguientes:
– tiene un volumen (alrededor del 20 % del PIB) que genera una demanda inmensa dirigida o con posibilidades de ser dirigida hacia la innovación y sobre todo hacia la incorporación de la innovación a la cultura imperante.
– Tiene la capacidad de generar márgenes que permitan enmendar situaciones socialmente difíciles de afrontar. Me refiero a los aspectos medioambientales, de responsabilidad social corporativa, de incorporación de estándares y buenas prácticas, de incorporación de personas con alguna deficiencia al mercado laboral, y un sinfín más de opciones.
– Tiene la capacidad de generar lo que llamamos compras pre-comerciales, en aquellas áreas donde se requiera una masa crítica para que se adopten y utilicen determinadas herramientas o formas de hacer distintas.
– Es una actividad dirigida por los poderes públicos de forma directa. De hecho es una relación contractual asimétrica, con un sentido del bien común que se superpone a otros aspectos que en una relación contractual entre organizaciones privadas no es posible.
Dado su volumen puede conseguir masa crítica para conseguir logros que resultaría muy complicados de otra forma:
– La adopción de un estándar interoperable intersectorial a nivel mundial para el comercio entre empresas (B2B). El ser capaz de afectar a una masa crítica suficiente para conseguir la adopción de los estándares sólo está en manos de la contratación pública.
– La adopción de una factura electrónica por ejemplo. Como el caso paradigmático realizado en Dinamarca.
– Generar un entorno donde el mérito y el esfuerzo tengan mayor recompensa que la influencia y el poder. Esta es una de las intenciones del Small Business Act de la Comisión para permitir que las PYMES accedan al mercado público panueropeo en igualdad de condiciones que las grandes empresas, allí donde sea posible y además sea beneficioso.
Pero claro también tiene peligros. Como en todas las soluciones hay que buscar el punto de equilibro adecuado. Algunos de estos peligros tienen que ver, en mi opinión, con intentar dirigir, a través de una regulación excesiva, un servicio con fuerzas externas que no permitan que los mercados incorporen merito y esfuerzo, en este importante servicio de retorno, que utilizan las sociedades modernas para progresar.
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