Simplificación administrativa en la contratación pública electrónica

A través de la entrada del blog La Danza del Cambio de Enrique Sacanell sobre la simplificación administrativa me gustaría realizar algunos comentarios en como esta simplificación puede llevarse a cabo, o al menos mitigarse con las herramientas y servicios en el caso de la contratación pública con el formato electrónico.

Primero damos un repaso a la entrada a la que hemos hecho referencia donde se comenta que en una ponencia presentada en en el XVI Seminario sobre Gestión Pública Local, organizado por el Ayuntamiento de Gijón, ha tenido lugar la presentaciónd de  Mercé Rovira, de la Dirección de Información y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Girona. Esta exposicón se inició hablando de la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, específicamente del trabajo realizado para calcular las cargas de trabajo estándar de algunas de las prestaciones más básicas de cualquier administración. Uno de los productos de ese trabajo lo constituye una tabla con la estimación de costes directos de algunas de esas tramitaciones. Por ejemplo:

• Presentar una solicitud presencialmente supone un coste unitario (según esta propuesta) de 80€;
• Presentar una solicitud electrónica, 5€
• Tramitación mediante intermediarios (bancos, médicos, …), 35€
• Presentación convencional de documentos, facturas o requisitos, 5€
• Presentación de una comunicación presencialmente, 30 €
• Presentación de una comunicación electrónicamente, 2€

En esta guía aparecen algunos costes asociados a las cargas que de forma aparentemente innecesaria se realizan sobre la contratación pública. Algunos ejemplos (que aparecen o no en la guía) pueden ser:

• La garantía provisional.
• La necesidad de presentar escrituras compulsadas en cada licitación y los correspondientes bastanteos de poder.
• Un sobre administrativo que en general carga a las empresas con una cantidad de certificados y pruebas que sobre todo a las PYMES, desincentiva la presentación de ofertas,  y por tanto la concurrencia y la .
• No establecer claramente cuales son los criterios de adjudicación y los de selección.

Y algunos elementos más que ahora suponen cargas administrativas que desincentivan la presentación de ofertas o las hacen caras. Recordemos que las ofertas, independientemente de que la empresa sea o no adjudicataria tiene que realizarse y tienen un coste. La cuestión es intentar hacer que ese coste sea mínimo en la parte administrativa y sobre todo que el procedimiento y los requisitos no desincentiven la competencia.

La contratación pública electrónica debería ayudar a que estos requisitos y cargas administrativas fueran poco onerosas y sobre todo no fueran desincentivadoras. Utilizando, por ejemplo:

• registros de licitadores interoperables paneuropeos (hay que pensar en un mercado más amplio que el actual para cualquier empresa),
• Ofertas electrónicas que puedan ser evaluadas automáticamente (criterios objetivos) en aquellos bienes y servicios que puedan ser perfectamente definidos en sus parámetros de adjudicación.
• Contratos firmado electrónicamente cuya firma pueda ser verificada en la red y evite desplazamientos costosos de personas o de papeles.
• Facturas, pedidos y albaranes electrónicos que puedan ser gestionados electrónicamente
• Ejecución de los contratos ágil y conexión con pedidos y ordenes directamente desde los almacenes de la propia administración.

No solo hay que buscar las eficiencias en la contratación pública electrónica por el uso del formato electrónico en las relaciones y en la tramitación, sino también porque se puede conseguir el mismo efecto de garantía y control mucho mejor en el formato electrónico (búsquedas, estadísticas, informes, trazabilidad, trasparencia, contabilidad, presupuesto..) que en el formato en papel y por tanto se puede simplificar mucho el propio procedimiento. Una simplificación que no necesariamente implica cambios normativos, sino que consigue el mismo grado de garantías con herramientas y servicios electrónicos. El formato que habilita la tecnología, una vez más no es neutral.

Esta simplificación redundará en los costes administrativos y en bajar las barreras de entrada a empresas que hoy no pueden acceder a la contratación pública por costes altos de presentación de ofertas o por complejidad del propio procedimiento.

Pero para conseguir este objetivo de simplificación y reducción de cargas administrativas hay que conseguir antes la interoperablidad (EIF V2) de los sistemas a través de estándares (CODICE , CEN BII), y la generación de herramientas y servicios asequibles que garanticen a las empresas y a las administraciones de cualquier tamaño, que pueden manejar los nuevos formatos electrónicos sin generar islas de proceso por una deficiente definición de estándares tecnológicos aplicables.

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